“El principal problema de un proyecto de asociación público-privada es la liberación de predios […]. El Estado se compromete a entregar terrenos y no lo hace”, ha dicho a modo de diagnóstico Camilo Carrillo, jefe de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF. Con él coincide Mauricio Santa Cruz, gerente del Área Legal de EY Perú. El especialista señala que actualmente la expropiación en el Perú es un proceso engorroso y extenso que genera retrasos y mayores costos en los proyectos de inversión.

Hoy en el procedimiento para obtener bienes inmuebles de propiedad privada necesarios para un proyecto de inversión intervienen 36 actores en seis etapas y se requieren 679 días calendario cuando prospera el trato directo; pero si se opta por la expropiación, el plazo se extiende a 739 días, es decir, poco más de dos años.

Y la situación no es distinta cuando se trata de propiedades públicas. Se deben cumplir 5 etapas en las que participan 17 actores y la duración de todo el proceso demanda aproximadamente 569 días.

A esto se suma el alto nivel de informalidad en el país. “Más del 50% de las propiedades no tienen un catastro actualizado o simplemente no están registradas”, asevera Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

El líder gremial sostiene que si bien la demora en la liberación de terrenos impacta más en obras lineales como carreteras y trenes, el problema está presente en todo tipo de proyectos.

INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
Para enfrentar esta situación, el Ejecutivo cuando asumió facultades legislativas emitió el Decreto Legislativo (D. Leg.) 1330, que modificó la ley marco de adquisición y expropiación de terrenos para obras de infraestructura. El principal punto que estableció la norma fue la promoción del trato directo con los propietarios antes que la expropiación, otorgando un incentivo económico de hasta el 20% sobre el valor comercial de los inmuebles, explica Santa Cruz.

También se dictó el D. Leg. 1333, que planteó principalmente la creación por tres años del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizadas (APIP), cuyo propósito principal era optimizar el tiempo de entrega de los terrenos. Sin embargo, la iniciativa fue derogada en mayo por el Congreso debido al impacto que, según argumentaron el fujimorismo y los bloques de izquierda, podía tener en las comunidades indígenas.

Luego el 28 de julio el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 1718, de similares características al D. Leg. 1333, aunque excluye de sus alcances los predios de los pueblos indígenas. La Comisión de Descentralización aprobó la iniciativa esta semana, pero aún está pendiente la aprobación de la Comisión de Economía, así como el debate y votación en el pleno del Congreso.

En este contexto, y pese a las limitaciones de la normativa vigente, instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) están avanzando. De enero a setiembre, la entidad ha enviado a la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda unas 5.680 solicitudes de tasaciones de predios para obras públicas y concesionadas, de las cuales 2.709 ya fueron aprobadas.

También Provías Nacional tiene previsto liberar en tres años unos 8.696 predios para la ejecución de 89 proyectos viales en Huánuco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Loreto, entre otras regiones. Este año se avanzará con 4.525 inmuebles (52% del total), mientras que en el 2018 serán 3.596 predios (41,3%) y 575 en el 2019.

En obras concesionadas, el MTC ha programado para este año la entrega de 1.548 predios, equivalentes al 33,4% del total de 4.630 inmuebles, cuya expropiación y liberación es necesaria para 17 proyectos priorizados entre los que se encuentran la red vial 4, la red vial 6, la Autopista del Sol y el segundo tramo de la Longitudinal de la Sierra. Para el 2018, la expectativa es duplicar el volumen de predios concedidos y culminar ese año con el proceso de entregas.

Próximos pasos
Santa Cruz señala que si bien son acertadas las normas que impulsa el Ejecutivo, todavía se requiere mejorar el sistema de expropiaciones enfocándose en volver más eficiente la ejecución de las mismas.

“Podría establecerse que en ciertos casos el Estado pueda expropiar los terrenos y, en paralelo, una vez adquirido el inmueble, discutir el justiprecio. Sin embargo, este cambio requiere una modificación constitucional y debe ser manejado con mucho cuidado y solo para casos específicos”, arguye Cru

Prialé, por su parte, considera que los concursos de proyectos lineales deben realizarse luego de haber liberado y saneado un porcentaje importante de terrenos involucrados en la ruta crítica de las iniciativas. “Hay que privilegiar la compra de estos inmuebles antes de expropiarlos. Comprarlos en trato directo puede acarrear un mayor costo, pero es bastante menor que los sobrecostos originados por las demoras de las expropiaciones”, acota.

La creación de una entidad como la APIP también será un paso fundamental. Omar Narrea, docente de la Universidad del Pacífico, refiere que urge un ente especializado que identifique, planee, gestione y estructure la tarea del Estado en materia de expropiaciones.

“Si se busca cambiar el paradigma, esta agencia debe contar buenos perfiles para desarrollar pericia en dos niveles: atender la ingeniería de los proyectos y maximizar el valor comercial de las áreas expropiadas para ayudar a financiar el servicio”, concluye.