Hoy vence el plazo para que Ositran emita su opinión técnica sobre la adenda del Aeropuerto de Chinchero (Cusco). La opinión del regulador no es de cumplimiento obligatorio pero será relevante debido a las críticas que la adenda ha suscitado.

A FAVOR Y EN CONTRA

El actual gobierno y la empresa Kuntur Wasi, concesionaria del aeropuerto de Chinchero, han señalado que el monto del cofinanciamiento (US$265 millones) no se incrementará producto de la adenda. Y Guasch está de acuerdo en esto, pero precisa: “lo que varía es la oportunidad en la que el cofinanciamiento se paga, lo que tiene un impacto fiscal, ya que el Estado deberá pagar en los próximos meses un cofinanciamiento que estaba programado para dentro de cinco años”.

“Lo anterior implica, en primer lugar, un traslado del riesgo de financiamiento del concesionario al Estado, ya que en el esquema original del contrato el concesionario debía acreditar que contaba con los recursos para financiar la construcción del aeropuerto, mientras que con la adenda, al pagársele vía liquidación por hito terminado, quien debe obtener los recursos para la construcción del aeropuerto es el Estado. A ello hay que añadir que el Estado le otorgará un adelanto al concesionario de US$40 millones para que pueda iniciar le ejecución de las obras”, explica Guasch.

Al respecto, el gobierno ha indicado que el contrato anterior también le dejaba el mayor riesgo al Estado por ser un pago fijo. “Lo que se hace ahora es bajar sustancialmente el costo de ese financiamiento”, ha defendido el gobierno. Sin embargo, Alonso Segura, ex titular del MEF, ha criticado este argumento: debido a que será ahora el Estado el que financiará la obra, la tasa de financiamiento es mucho menor, pues se evalúa al Perú como sujeto de crédito (deuda soberana) y no a una empresa privada. Además, el actual gobierno ha explicado que el dinero para el proyecto provendrá del presupuesto.

PRIORIDADES

Guasch resalta que la adenda se origina en la no aprobación por parte del MTC de la propuesta de endeudamiento garantizado permitido presentada el año pasado por el concesionario por ocasionar perjuicio económico al Estado.

En ese sentido, tanto Segura como Guasch consideran que la concesión podría cancelarse y el Estado podría volver a concursar el proyecto, ya que se estarían modificando aspectos sustanciales del contrato . La empresa firmó un contrato y el Estado puede exigir que cumpla lo firmado, es el argumento de  Guasch.

Pero en la lógica del gobierno habría primado el costo de oportunidad de no hacer o demorar años en hacer la obra, lo que se habría topado con las demandas sociales y económicas de la región. En ese sentido, un factor importante es la restricción que significa para el Cusco la saturación del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, al cual no se puede sumar más vuelos.