El presidente Pedro Pablo Kuczynski confirmó que el lunes 30 de enero estará en el Cusco para dar inicio a la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

“El aeropuerto de Chinchero, que estaba medio parado por oposición de algunas entidades, empieza su trabajo el próximo lunes. Estaré en Chinchero moviendo la primera tierra. Hay US$ 200 millones en movimiento de tierra y otros US$ 265 millones que es lo que se comprometió el concesionario a invertir, en hacer el aeropuerto”, dijo el mandatario ayer en una radioemisora local.

Sin embargo, a pocos días de la construcción, una renuncia y opiniones en contra despiertan dudas sobre las condiciones sobre las cuales se dará la construcción del aeropuerto.

La licitación de la obra la ganó en el 2014 el consorcio Kuntur Wasi, integrado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América. La construcción se efectuaría mediante el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP).

Sin embargo, discrepancias entre el concesionario y el Estado generaron la aparición de una adenda al contrato, la misma que traslada al Estado la responsabilidad sobre un 80% del financiamiento de la obra. Esto desnaturaliza la figura de una APP y lo convierte en un proyecto de inversión pública.

Cabe recordar que en noviembre de 2016, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, deslizó la posibilidad de que sea el Estado quien asuma el costo de lo que invertiría el consorcio.

“Si hay tanto problema en el cálculo del financiamiento, ¿por qué el Gobierno no hace un esfuerzo y de los ingresos que tiene anualmente asume el costo de los US$ 265 millones?”, comentó.

La adenda al contrato fue evaluada el pasado 20 de enero por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y le dio su opinión favorable por mayoría, pero con el voto discordante de la presidenta de la entidad, Patricia Benavente.

Según informó la entidad a través de un comunicado oficial, Benavente consideró en su votación que dicha adenda señala que el proyecto de adenda sí implica un traslado de los riesgos de financiamiento, terminación de obras y otros pagos del concesionario al Estado. Además, consideró que la adenda afecta las condiciones de competencia del proceso licitatorio.

Los votos a favor de la adenda fueron de los directores Antonio Balbuena Vela y Alfredo Dammert Lira, quienes descartaban que las condiciones del contrato se vean afectadas.

Ayer, Patricia Benavente presentó su carta de renuncia a la presidencia de Ositran ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

La República intentó comunicarse con Benavente, pero se supo que ella está a la espera de la confirmación de su renuncia en la PCM.

Asimismo, se pudo conocer que el Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo una dura negociación con el consorcio.

Kuntur Wasi no estaba a favor de la propuesta de que el Estado reconociera un poco más de la mitad de lo que ellos esperaban cobrar por la obra (US$ 500 millones).

Se tuvo que recurrir a presionar con caducar la concesión hasta en dos oportunidades para que el consorcio finalmente aceptara los términos. De tal modo, el Estado pagaría en un plazo de cinco años los US$ 265 millones.