“Estamos en ese tránsito de la evaluación de la factibilidad del proyecto al convertirse en uno cofinanciado, lo cual debe tomar hasta fines de noviembre, y de allí se iniciará el concurso”, aseguró.
El proyecto inicialmente contemplaba que una parte de los ingresos provenía del cargo a la tarifa de luz (a través del Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética, CASE), pero eso fue eliminado por el Congreso, anotó.
Por lo tanto, aseguró, el nuevo proyecto pasa a ser uno cofinanciado por el Estado; y sabiendo que será necesario el uso de recursos públicos para suplir la porción de ingresos del CASE, es necesario pasar por invierte.pe y ver su factibilidad. “No hemos cambiado para nada el cronograma, sigue siendo el mismo de tener la adjudicación en la primera parte del 2018”, anotó.
Acusación por colusión
El miércoles la Fiscalía acusó por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible al expresidente del comité de ProInversión. Édgard Ramírez Cadenilla, por haber tenido una concertación al licitar el proyecto del gasoducto peruano del sur, en la adjudicación irregular de una obra en US$ 7,328 millones. Y como cómplice primario a la exrepresentante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, por el delito de colusión incompatible.
La Fiscalía determinó que hubo una concertación ilegal entre ambos acusados para descalificar irregularmente al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI), que era el otro postor y formuló como propuesta US$ 7,192 millones.
Según la Fiscalía se favoreció al consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por Odebrecht y Enagás), con un perjuicio económico de US$ 136 millones. La investigación fiscal también estableció los vínculos entre Ramírez Cadenillas y la empresa Odebrecht, ya que prestó servicios de consultoría para la misma empresa, grupo económico en el cual Hokama Kuwae también laboraba.
Además, brindó asesorías a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, así como a Osinergmin y a ProInversión, relacionadas al mismo proyecto, por lo que ambos perseguían intereses comunes. La investigación se rige por el nuevo proceso penal oral, por lo que expertos estiman que el caso se podría resolver en primera instancia en seis meses. De llegarse a una condena, se comprobaría un acto de corrupción.
Efecto de acusación
fiscal El contrato firmado con el consorcio Gasoducto Sur Peruano se terminó al no conseguir el cierre financiamiento para concluir la obra. Es decir, no se puede aplicar la cláusula anticorrupción que establece como causal de anulación, de un contrato que ya no existe, afirmaron expertos consultados por Gestión.
En un contrato de concesión los activos que se incorporan son del Estado, y cuando la concesión se termina, el Estado le debe pagar al concesionario el valor de terminación del contrato, explican. Y ese valor de terminación del contrato, detallan, tiene distintas formas de determinarse, según la razón de término del contrato.
En el caso del gasoducto del sur, la culpa de la terminación la tuvo el concesionario. Entonces, la terminación implica básicamente el valor contable neto de la concesión, es decir, los activos que se usaron. Ese será el monto que recibirá el concesionario cuando se venda el proyecto a un tercero, aseguraron.
